Cerrado por trumpismo: un país atrapado por la confrontación
Estados Unidos acumula ya más de un mes con la Administración parcialmente paralizada, el cierre más largo de su historia. Lo que debería ser un trámite —renovar la ley de gasto— se ha transformado en un pulso político provocado por la negativa de los republicanos, alineados con Donald Trump, a negociar con los demócratas.
La situación empieza a sentirse en la vida diaria: 750.000 empleados federales sin cobrar, parques nacionales cerrados, retrasos en aeropuertos y hasta la amenaza de recortar los cupones de comida que reciben millones de ciudadanos. El impacto económico crece mientras el presidente insiste en imponer su agenda al margen del consenso y presiona incluso para cambiar reglas institucionales históricas.
Los demócratas, que ya evitaron un bloqueo al inicio de la legislatura por responsabilidad institucional, ahora se enfrentan a un Gobierno que rechaza el diálogo y actúa desde el desprecio a los contrapesos democráticos. El resultado: un país rehén del ego presidencial y de una estrategia política sin límites.
España endurece la respuesta a los deepfakes: un aviso necesario
La otra gran alerta llega desde España. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto la primera multa en Europa por la creación y difusión de deepfakes con IA: 2.000 euros a un individuo que manipuló imágenes de menores en Almendralejo. El caso revelado por EL PAÍS en 2023 sirvió para visibilizar una amenaza creciente: la facilidad con la que estas tecnologías pueden vulnerar la intimidad y destruir reputaciones.
Además, 15 menores implicados fueron condenados a medidas educativas, lo que demuestra que el fenómeno no es marginal, sino una práctica que se extiende entre jóvenes sin plena conciencia del daño causado.
La expansión de herramientas generativas —algunas diseñadas con fines abiertamente sexuales— supera la capacidad de las autoridades y del legislador, que intenta alcanzar el ritmo de la innovación. Aunque la UE aprobó su regulación en 2023 y España la transpuso en 2025, aún quedan vacíos importantes, especialmente en derechos de autor y en la obligación de identificar claramente los contenidos generados por IA.
Regular estas tecnologías no es una opción: es imprescindible para proteger a las personas, su imagen y, en última instancia, la calidad democrática.
Fuente: EL PAÍS